TJUE

Actualidad. EL TJUE CONDENA A ESPAÑA A MÁS DE 20 MILLONES DE EUROS POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

El TJUE ha dictado sentencia en el asunto C-610/10, Comisión c. España. El grupo español Magefesa, está formado por 4 sociedades industriales: Indosa (País Vasco), MIGSA (Andalucía), Cunosa y GURSA (Cantabria).

Debido a dificultades económicas que el grupo experimentaba, el Gobierno español y los consejos de gobierno de varias Comunidades Autónomas le concedieron diversas ayudas en forma de avales crediticios, de un crédito en condiciones diferentes a las de mercado, de subvenciones no reintegrables y de una subvención de intereses.

Mediante Decisión de diciembre de 1989 la Comisión declaró esas ayudas ilegales e incompatibles con el mercado común e instó a las autoridades españolas a recuperarlas. Considerando que España no había adoptado en los plazos señalados las medidas necesarias para dar cumplimiento a esa Decisión, la Comisión interpuso un recurso ante el TJUE.

Mediante sentencia de julio de 2002, el TJUE declaró que España había incumplido su obligación de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión. Durante el año 2006 la Comisión consideró que la sentencia había sido ejecutada en relación con GURSA, MIGSA y Cunosa, pero que no en la sociedad Indosa.

En una segunda sentencia, el TJUE juzga que España ha incumplido su obligación de ejecutar la primera sentencia, conforme a la que estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión del Comisión de 1989 que le obligaba a recuperar las ayudas ilegales concedidas a Indosa. Por consiguiente, el TJUE aprecia que el incumplimiento reprochado a España ha perdurado hasta el momento en que ha vuelto a examinar los hechos.

En estas circunstancias, el TJUE considera que la condena de España al pago de una multa coercitiva constituye un medio económico apropiado a efectos de incitarle a adoptar las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento. Por tanto, condena a España a pagar una multa coercitiva de 50.000 euros por cada día de retraso en la puesta en práctica de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2002, a partir de la publicación de esta segunda sentencia. Además, condena a España al pago de una suma a tanto alzado de 20 millones de euros.

Estima que el conjunto de los factores de este asunto indica que la prevención efectiva de la repetición futura de infracciones análogas del Derecho de la Unión requiere adoptar esta medida disuasoria. El importe se ha fijado de manera adecuada a las circunstancias y proporcionada al incumplimiento declarado y la capacidad de pago de España.

Fte. ‘Europa en breve’

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de diciembre de 2012. Asunto C-610/10.

0 comentarios

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja un comentario