¿Cómo renunciar a una herencia?

Hace unos meses se publicaba en la prensa que, debido a la situación de crisis en la que nos encontramos, las renuncias a las herencias se había incrementado, en el período 2007-2014, en el conjunto del país, un 210%. En Asturias, una de las Comunidades en las que más ha aumentado el número de renuncias, lo ha hecho en un 202%.

Antes de responder a la pregunta que da título a este post, cómo renunciar a una herencia, es necesario decir que el Código Civil se refiere a este acto como REPUDIACIÓN de la herencia. Y tiene una serie de características:

  • Ha de ser total, esto es, no pueden aceptarse unos bienes y rechazarse otros, salvo que en el reparto de la herencia en el testamento, figure heredero por dos títulos, por ejemplo, una persona percibe parte de una herencia por su condición de heredero forzoso y otra parte por legado. En este caso, podría renunciar a una de ellas y aceptar la otra.
  • La repudiación no puede someterse al cumplimiento de una condición.
  • Es irrevocable, una vez renunciada una herencia, ya no hay vuelta atrás.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE 3/07/2015), cabía la posibilidad de realizar la renuncia a la herencia bien por escrito presentado ante el Juzgado competente bien acudiendo a un Notario que plasmara en escritura pública dicha voluntad.

Ahora, desde el pasado 23 de julio, cuando comienza la vigencia de la antedicha norma, únicamente es posible hacer la renuncia a la herencia ante notario con la correspondiente escritura pública.

Es preciso aclarar que, en caso del heredero que renuncie a una herencia, haya recibido por el causante donaciones en vida, éstas no serán colacionables, no entrarán a formar parte del caudal hereditario, sin embargo si fueren consideradas inoficiosas por perjudicar la legítima de los herederos que si aceptaron la herencia, éstos podrían exigirle una compensación en metálico de la parte de la legítima afectada por la donación.

Por último, otra cuestión a tener en cuenta, es la posibilidad que tienen los acreedores del heredero que renuncia a la herencia para perjudicar sus intereses, de solicitar del Juez que sean autorizados para aceptar la herencia en nombre de aquél heredero que la repudió.

© Paz Chao Rodríguez.

Reclamación por accidente de tráfico tras la reforma del Baremo y del Código Penal.

Los últimos movimientos legislativos tienen y tendrán gran incidencia sobre las reclamaciones por accidentes de tráfico.

Por un lado, la modificación del llamado Baremo de accidentes de circulación, ya referida en un post anterior, ha sido aprobada la semana pasada por el Senado y comenzará su vigencia el 1 de enero de 2016.

Con ella, se aumentan las cuantías indemnizatorias. Un 50% de media en las indemnizaciones por fallecimiento y, aproximadamente un 12,5% de media en las indemnizaciones por lesiones. Respecto de estas últimas, además, distingue la nueva regulación, como gastos a indemnizar, entre los derivados de la asistencia sanitaria y otros diversos también resarcibles. A título de ejemplo, se encuadrarían en éstos últimos el aumento de los costes de movilidad en los que haya de incurrir la víctima o costes que haya de soportar para atender a familiares que estén bajo su cuidado.

Otra novedad importante, sobretodo, para quienes causen baja por el accidente de tráfico es el cambio en la valoración del lucro cesante, ya que contemplará los ingresos netos de la víctima. Igualmente se valorará en este aspecto el trabajo no remunerado.

Por lo que respecta a la otra gran reforma, ya vigente desde el 1 de julio, que también incide en estos temas, y es la del Código Penal, debemos tener en cuenta que en la actualidad se distinguen tres tipos de imprudencia: leve, menos grave y grave, de las cuales, la primera de ella ha sido despenalizada.

Así pues, podemos encontrarnos con la posibilidad de que, interponiendo denuncia por accidente de tráfico, aún teniendo parte facultativo de lesiones, a la vista de los hechos denunciados, el Juzgado acuerde el archivo de aquélla porque aprecie que los hechos no constituyen una imprudencia menos grave o grave sin tan siquiera recabar informe forense, con las consecuencias económicas que para la víctima conlleva, pues se verá obligada a acudir a un profesional del ámbito privado que valore los daños corporales derivados del accidente de circulación sufrido.

© Paz Chao Rodríguez.

Actualidad. NUEVA NORMATIVA SOBRE DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Normativa pasajerosLa Comisión Europea informa que a partir del 31 de diciembre, entrarán en vigor las nuevas normas de la UE para mejorar la atención a los pasajeros que viajen por mar y por vías navegables interiores, que quedarán protegidos por un conjunto de derechos mínimos en cualquier lugar de la UE. Además, los pasajeros que viajen por mar tendrán derecho a exigir una indemnización por pérdidas o daños en caso de accidente.

Antes de que la Comisión Europea decidiera presentar su propuesta sobre los derechos de los pasajeros de barcos hace cuatro años, no existía ningún acuerdo internacional ni legislación de la UE que estableciera los derechos generales en este modo de transporte.

La UE despertó ciertas expectativas entre los consumidores europeos al proteger a los pasajeros que viajan en avión o en tren y tener como objetivo ampliar estas medidas de protección de los pasajeros a todos los modos de transporte.

El Derecho europeo garantiza ahora que los pasajeros tengan derechos similares en toda Europa, con independencia de si viajan en barco, en avión o en tren. Una nueva serie de normas aplicables a los pasajeros de autobús entrará próximamente en vigor.

Fte. ‘Europa en breve’.

TJUE

Actualidad. EL TJUE CONDENA A ESPAÑA A MÁS DE 20 MILLONES DE EUROS POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

El TJUE ha dictado sentencia en el asunto C-610/10, Comisión c. España. El grupo español Magefesa, está formado por 4 sociedades industriales: Indosa (País Vasco), MIGSA (Andalucía), Cunosa y GURSA (Cantabria).

Debido a dificultades económicas que el grupo experimentaba, el Gobierno español y los consejos de gobierno de varias Comunidades Autónomas le concedieron diversas ayudas en forma de avales crediticios, de un crédito en condiciones diferentes a las de mercado, de subvenciones no reintegrables y de una subvención de intereses.

Mediante Decisión de diciembre de 1989 la Comisión declaró esas ayudas ilegales e incompatibles con el mercado común e instó a las autoridades españolas a recuperarlas. Considerando que España no había adoptado en los plazos señalados las medidas necesarias para dar cumplimiento a esa Decisión, la Comisión interpuso un recurso ante el TJUE.

Mediante sentencia de julio de 2002, el TJUE declaró que España había incumplido su obligación de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión. Durante el año 2006 la Comisión consideró que la sentencia había sido ejecutada en relación con GURSA, MIGSA y Cunosa, pero que no en la sociedad Indosa.

En una segunda sentencia, el TJUE juzga que España ha incumplido su obligación de ejecutar la primera sentencia, conforme a la que estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión del Comisión de 1989 que le obligaba a recuperar las ayudas ilegales concedidas a Indosa. Por consiguiente, el TJUE aprecia que el incumplimiento reprochado a España ha perdurado hasta el momento en que ha vuelto a examinar los hechos.

En estas circunstancias, el TJUE considera que la condena de España al pago de una multa coercitiva constituye un medio económico apropiado a efectos de incitarle a adoptar las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento. Por tanto, condena a España a pagar una multa coercitiva de 50.000 euros por cada día de retraso en la puesta en práctica de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2002, a partir de la publicación de esta segunda sentencia. Además, condena a España al pago de una suma a tanto alzado de 20 millones de euros.

Estima que el conjunto de los factores de este asunto indica que la prevención efectiva de la repetición futura de infracciones análogas del Derecho de la Unión requiere adoptar esta medida disuasoria. El importe se ha fijado de manera adecuada a las circunstancias y proporcionada al incumplimiento declarado y la capacidad de pago de España.

Fte. ‘Europa en breve’

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de diciembre de 2012. Asunto C-610/10.